Botepronto

¿Hasta dónde puede México colaborar con Washington sin transmitir que las decisiones sobre actores políticos mexicanos terminan tomándose fuera del país? Hay dos flagrantes contradicciones: que México tiene que externalizar una parte de la procuración de justicia porque es incapaz de hacerlo en su territorio, y el otro hecho es que primero se entregaron 90 y tantos capos sin peocupación por la soberanía mientras se trató de solo capos, pero cuando empezó el turno de los narcopolíticos entonces sí denunciamos violación de la soberanía. Y ahora la instrucción es apegarnos a lo que dice el manual del tratado de extradición.  La noción de soberanía no puede limitarse a decir “no entregamos mexicanos”. La soberanía también implica que el Estado mexicano sea capaz de investigar, procesar y sancionar por sí mismo.

 

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Cuando se leen los cargos de la fiscalía del distrito sur de NY, pueden trasladarse a otros estados, aunque quizá no con la intensidad de Sinaloa. Pero ese ecosistema narco-político opera cotidianamente, es intercambiable en Tamaulipas o en Michoacá, por ejemplo. Y todo esto apunta a que a Trump le interesan los políticos, ya no van por un capo sino a desmanteler redes con un salto de calidad; ahora todas las agencias participan en estos operativos. Asistimos a lo que Washington llama la guerra contra el narcotrafico internacional. Y México yerra en su respuesta porque lo que ve es que quieren a Rocha Moya y no es eso. La petición de detención con fines de extradición es parte de una cadena. México no ha consierado una situación de conjunto cuyos pasos están anunciados. La presidenta exhibe una falta de sofisticación, no se ven elementos de una estrategia que esté armando su gobierno mientras está claro que este conflicto va a escalar.

 

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Este episodio donde el gobierno federal acusa a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de invitar a la CIA a mancillar nuestra soberanía, que no es el primero ni el último en su tipo, escaló porque murieron cuatro personas, dos agentes nortamericanos entre ellos. De no haber ocurrido eso quizá no nos hubieramos enterado. Además, hay ambiente preelectoral. Todo empieza a descomponerse cuando el senador Javier Corral pide que venga a comparecer la gobernadora y el PAN dice que vengan también Rocha Moya, Américo Villareal, Alfonso Durazo… En Jáuregui se concentraron las culpas para que no se toque a la gobernadora y así evitar que alguien voltee a ver a los gobernadores de Morena.

 

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En nuestra política, reconocer un error casi nunca se percibe como un acto moral, sino como un costo estratégico. El gobierno teme que admitir una falla abra la puerta a castigos electorales, ofensivas de la oposición e incluso una cobertura mediática negativa. A este escenario se suma el hecho de que cuando estalla una crisis, como no hay asignadas responsabilidades claras, nadie quiere cargar con el costo completo, que acaba transfiriéndose a Sheinbaum. Además, la administración parece estar convencida de que admitir un error proyecta debilidad, sobre todo en contextos polarizados. Sin embargo, la presidentalla socava su propia autoridad por estos sucesivos malos manejos de las crisis. Lo paradójico es que reconocer cierta responsabilidad puede ser políticamente menos costoso de lo que el gobierno cree.

 

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Además de la desquiciada economía mundial por efecto de la guerra de Trump, en México hay un problema de clima. Los recortes franciscanos se ven claro entre los maestros, los agricultores, los transportistas, los trabajadores del metro. Ahí es donde se refleja ese humor social. Y aunque hay dos virajes claros en materia de inversión --aceptar lo que la presidenta evita llamar fracking y la rectificación de la coinversión privada en electricidad-- hay otro problema: el hecho de que la herencia del sexenio pasado nos habla de que la capacidad técnica y operativa de este gobierno, como el anterior, deja mucho que desear.

 

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