Botepronto

El calendario electoral y Trump presionan a la presidenta y su partido, que legislan tan al vapor, que tienen que corregir sobre la marcha. La elección judicial de 2025 dejó en evidencia fallas muy visibles como boletas caóticas y perfiles dudosos y todo eso generó preocupación por la incertidumbre jurídica y la caída en inversión. La prisa, sin embargo, es costosa. Este huracán legislativo genera más incertidumbre, no menos. Aprobar tres reformas constitucionales en una semana dificulta el debate y alimenta todavía más la desconfianza de mercados e inversores. El mensaje es que el Congreso es una oficialía de partes, nos lo restriegan en la cara es demasiado.

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Lo que se asoma hasta ahora indica que puede haber elementos que definan un maxiproceso porque el número de acusados va a aumentar. Así lo dijo el procurador de Estados Unidos, que no va sobre personas en lo individual, sino sobre redes jerárquicas. Hay una ofensiva declarada de que las acusaciones van a seguir.Lo que está sobre la mesa no son manzanas podridas. Esto es el inicio de una crisis mayor de narcopolítica. Durante años, estaba claro: los narcotraficantes podían terminar extraditados; los políticos eran un asunto soberano. Esa línea se está borrando. La presidenta debe estar sopesando dos imágenes, Rocha en NY o Rocha en Almoloya, lo que cueste menos en imagen a su movimiento.

 

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¿Hasta dónde puede México colaborar con Washington sin transmitir que las decisiones sobre actores políticos mexicanos terminan tomándose fuera del país? Hay dos flagrantes contradicciones: que México tiene que externalizar una parte de la procuración de justicia porque es incapaz de hacerlo en su territorio, y el otro hecho es que primero se entregaron 90 y tantos capos sin peocupación por la soberanía mientras se trató de solo capos, pero cuando empezó el turno de los narcopolíticos entonces sí denunciamos violación de la soberanía. Y ahora la instrucción es apegarnos a lo que dice el manual del tratado de extradición.  La noción de soberanía no puede limitarse a decir “no entregamos mexicanos”. La soberanía también implica que el Estado mexicano sea capaz de investigar, procesar y sancionar por sí mismo.

 

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Cuando se leen los cargos de la fiscalía del distrito sur de NY, pueden trasladarse a otros estados, aunque quizá no con la intensidad de Sinaloa. Pero ese ecosistema narco-político opera cotidianamente, es intercambiable en Tamaulipas o en Michoacá, por ejemplo. Y todo esto apunta a que a Trump le interesan los políticos, ya no van por un capo sino a desmanteler redes con un salto de calidad; ahora todas las agencias participan en estos operativos. Asistimos a lo que Washington llama la guerra contra el narcotrafico internacional. Y México yerra en su respuesta porque lo que ve es que quieren a Rocha Moya y no es eso. La petición de detención con fines de extradición es parte de una cadena. México no ha consierado una situación de conjunto cuyos pasos están anunciados. La presidenta exhibe una falta de sofisticación, no se ven elementos de una estrategia que esté armando su gobierno mientras está claro que este conflicto va a escalar.

 

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Este episodio donde el gobierno federal acusa a la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, de invitar a la CIA a mancillar nuestra soberanía, que no es el primero ni el último en su tipo, escaló porque murieron cuatro personas, dos agentes nortamericanos entre ellos. De no haber ocurrido eso quizá no nos hubieramos enterado. Además, hay ambiente preelectoral. Todo empieza a descomponerse cuando el senador Javier Corral pide que venga a comparecer la gobernadora y el PAN dice que vengan también Rocha Moya, Américo Villareal, Alfonso Durazo… En Jáuregui se concentraron las culpas para que no se toque a la gobernadora y así evitar que alguien voltee a ver a los gobernadores de Morena.

 

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